Forestalia y los riesgos de la tramitación acelerada de renovables

El Juzgado de Instrucción n.º 1 del Tribunal de Instancia de Teruel ordenó el pasado 3 de marzo doce entradas y registros simultáneos en Zaragoza, Madrid y varias localidades de la provincia madrileña, ejecutados por la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta contra el grupo Forestalia. El magistrado instructor investiga delitos de prevaricación administrativa, delito medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Forestalia, uno de los mayores promotores de energías renovables en España, opera en un sector que el legislador ha blindado con procedimientos de autorización simplificados. El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, y sus sucesivas modificaciones redujeron plazos y aligeraron trámites ambientales para proyectos renovables, en línea con el Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, que estableció un marco temporal de emergencia con plazos máximos de autorización de doce meses. La aceleración respondía a un objetivo legítimo: cumplir las metas del PNIEC. Pero velocidad administrativa y control efectivo mantienen una relación de tensión estructural, porque la simplificación de trámites reduce inevitablemente las oportunidades de fiscalización.

Si la instrucción judicial confirma que hubo prevaricación en la concesión de autorizaciones, el debate trascenderá el Código Penal y alcanzará al propio marco regulatorio. La tramitación acelerada concentra la capacidad de decisión en menos manos y en plazos más cortos, lo que limita la fiscalización tanto interna como por parte de terceros interesados. El artículo 404 del Código Penal castiga al funcionario que dicte resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, pero la norma penal actúa siempre después del daño. La pregunta relevante es de orden regulatorio: ¿incorporan los procedimientos simplificados controles suficientes para prevenir la captura del decisor público?

España ya vivió un episodio con rasgos comparables durante el boom fotovoltaico de 2007-2008, cuando la ausencia de controles administrativos rigurosos facilitó fraudes masivos en la percepción de primas reguladas, con condenas que llegaron años después. El patrón se repite en sus elementos esenciales: incentivo público elevado, tramitación laxa y supervisión insuficiente.

La investigación contra Forestalia está en fase de instrucción y rige la presunción de inocencia, aunque el volumen de la operación judicial —doce registros simultáneos en dos comunidades autónomas— sugiere que el instructor maneja indicios de cierta entidad.

Isabel Quesada