Convenios de defensa sin licitación: el modelo que puede marcar la vigilancia espacial militar

El Ministerio de Defensa ha firmado un convenio administrativo con GMV Aerospace and Defence, SAU, para instalar y operar una antena de recepción pasiva de radiofrecuencia en la base aérea de Morón de la Frontera. El objeto: vigilancia espacial —o, más exactamente, lo que en jerga OTAN se denomina Space Situational Awareness, que suena más sofisticado de lo que a veces es—. La vía jurídica elegida: el artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2026-5840, publicado hoy, 12 de marzo de 2026).

Sin concurrencia. Sin licitación pública. Sin pasar por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Tres ausencias en una sola operación.

[!important] Sin concurrencia. Sin licitación pública. Sin pasar por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Tres ausencias en una sola operación.

La fórmula del convenio exige que ambas partes persigan un interés común y que no exista una relación contractual encubierta. Sobre el papel, limpio. En la práctica, la línea entre colaboración institucional y contrato disfrazado es fina, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE lleva años intentando fijarla sin terminar de conseguirlo.

Defensa lleva tiempo tirando de este mecanismo en programas tecnológicos sensibles, pero la acumulación de acuerdos similares en el ámbito espacial militar plantea una pregunta que la CNMC todavía no se ha molestado en responder.

Morón, por cierto, no es una elección casual. La base lleva años funcionando como plataforma compartida con Estados Unidos, tiene infraestructura de comunicaciones sobredimensionada para su tráfico habitual y queda lejos del ruido mediático de Torrejón o Rota. Un sitio cómodo para probar cosas.

España acelera sus capacidades de vigilancia espacial dentro del marco de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. GMV, principal contratista español en ese segmento, apuntala su posición sin que otros operadores —Indra, Thales Alenia Spain— puedan pelearla en procedimiento abierto. Que GMV tenga la capacidad técnica es probable; que sea la única capaz, habría que demostrarlo.

GMV, principal contratista español en ese segmento, apuntala su posición sin que otros operadores —Indra, Thales Alenia Spain— puedan pelearla en procedimiento abierto.

El precedente queda ahí. Si el esquema funciona en Morón, no hay razón jurídica visible para no replicarlo en el resto de sensores del programa nacional de vigilancia espacial. Y a partir de cierto volumen, lo que era excepción empieza a parecer regla.

Si el esquema funciona en Morón, no hay razón jurídica visible para no replicarlo en el resto de sensores del programa nacional de vigilancia espacial.

[!important] Si el esquema funciona en Morón, no hay razón jurídica visible para no replicarlo en el resto de sensores del programa nacional de vigilancia espacial.

Nadie lo ha preguntado aún en sede parlamentaria.

Ana Fuentes