Meirás cierra la vía civil: qué expedientes de recuperación patrimonial puede activar ahora el Estado

Noventa y dos años. Eso ha tardado el Estado español en recuperar formalmente un inmueble que nunca debió salir de su patrimonio. Aunque “formalmente” quizá sea generoso: la batalla judicial lleva su propio calendario y la sentencia de hoy no cierra todos los frentes.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad todos los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que declaró el Pazo de Meirás propiedad estatal y ordenó a los hermanos Martínez-Bordiú Franco devolver la posesión. Se les reconoce, eso sí, el derecho a indemnización por gastos necesarios y útiles durante el tiempo que ocuparon el inmueble. La resolución, fechada hoy 12 de marzo de 2026, agota la vía civil ordinaria.

La resolución, fechada hoy 12 de marzo de 2026, agota la vía civil ordinaria.

[!important] La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad todos los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que declaró el Pazo de Meirás propiedad estatal.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad todos los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que declaró el Pazo de Meirás propiedad estatal.

Hasta aquí, la noticia.

Lo que viene después es más interesante.

Que los cinco magistrados de la Sala coincidan sin voto particular refuerza la doctrina sobre nulidad de transmisiones viciadas por abuso de poder público. Un magistrado al que conozco de otras lides lo resumía así hace unos meses: “Si el título originario es nulo, toda la cadena posterior se desploma”. No lo dijo con esas palabras exactas, pero la idea era esa.

Si el título originario es nulo, toda la cadena posterior se desploma.

El fundamento jurídico descansa sobre los artículos 348 y 1956 del Código Civil —acción reivindicatoria e imprescriptibilidad del dominio público— combinados con la doctrina de la Sala sobre posesión de mala fe cualificada cuando media coacción institucional. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (BOE núm. 264), apuntala el argumento: su artículo 6 declara imprescriptibles los bienes de dominio público. Hay quien ha querido leer aquí una puerta abierta a la revisión de títulos franquistas en bloque; me parece una lectura apresurada, pero no descabellada del todo.

Ahora piensen ustedes en cuántos inmuebles incautados, donados bajo presión o adquiridos a precio simbólico durante la dictadura arrastran un historial parecido. La Abogacía del Estado tiene ahora una hoja de ruta procesal que antes solo era hipótesis académica.

[!important] La Abogacía del Estado tiene ahora una hoja de ruta procesal que antes solo era hipótesis académica.

La Abogacía del Estado tiene ahora una hoja de ruta procesal que antes solo era hipótesis académica.

[!important] La Abogacía del Estado tiene ahora una hoja de ruta procesal que antes solo era hipótesis académica.

Varios expedientes llevan años en cajones.

No voy a nombrarlos todos porque algunos están en fase de estudio preliminar y un colega de la administración me mataría. Pero el patrón es replicable: bien público transferido a particulares mediante acto viciado, cadena de transmisiones posteriores que no sanea el defecto original, acción reivindicatoria sin plazo de prescripción. Dicho sea de paso, sorprende lo poco que se ha escrito sobre los registros de la propiedad de posguerra en provincias como Ourense o Lugo, donde las inscripciones de aquellos años cuentan historias que nadie ha querido revisar con lupa. Pero eso da para otro reportaje.

La sentencia también abre un flanco incómodo: la indemnización. Los Martínez-Bordiú tienen derecho a reclamar por mejoras realizadas en el pazo. Eso significa peritajes, tasaciones y un nuevo procedimiento que podría alargarse años.

Multipliquen eso por cada futura reclamación patrimonial y entenderán por qué la Abogacía del Estado no va a lanzar quince demandas el lunes.

Pero el precedente existe. Y los precedentes unánimes del Supremo condicionan todo lo que viene detrás. Ningún juzgado de primera instancia se va a apartar de esta doctrina sin un argumento de peso —y francamente, cuesta imaginar cuál sería—.

El Estado acaba de recuperar un pazo. Falta saber si alguien en la Abogacía tiene encima de la mesa la lista de los siguientes.

Tomás Ruano