RD 189/2026: transposición incompleta que incumple los requisitos de Bruselas

¿Basta con publicar un real decreto de 43 páginas para que Bruselas deje de mirar?

El RD 189/2026 (BOE-A-2026-5875, 13 de marzo) traslada al ordenamiento español el Reglamento (UE) 2024/1143 sobre indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas, productos agrícolas y ETG. Deroga el viejo RD 1335/2011 y actualiza los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación ante la Dirección General de Alimentación, con plazos acotados —seis meses para resolver solicitudes de registro, un mes para oposiciones— y remisiones constantes al Reglamento de Ejecución (UE) 2025/26.

Lo que falta pesa más que lo que hay, y no es la primera vez que pasa con una transposición agroalimentaria. El artículo 53 regula la certificación de conformidad distinguiendo entre organismos acreditados EN ISO/IEC 17065 y autoridades competentes o personas delegadas bajo EN ISO/IEC 17020, pero se queda a medio camino: no monta un sistema de control oficial que funcione como pieza única. La disposición final segunda apenas maquilla el RD 267/2017 sobre controles de DOP e IGP supraautonómicas, sin encajar del todo el Reglamento (UE) 2017/625 de controles oficiales. Francia e Italia ya resolvieron eso.

[!important] Lo que falta pesa más que lo que hay, y no es la primera vez que pasa con una transposición agroalimentaria.

España arrastra desde hace años un régimen de verificación troceado, heredado de la Ley 25/1970, del Estatuto de la Viña. La dispersión competencial entre CCAA y AGE —la disposición final tercera otorga carácter básico a ciertos preceptos, pero deja la ejecución autonómica en terreno difuso— repite la misma inercia de siempre.

Hay algo que llama la atención y que no tiene relación directa con la norma: el decreto se publica justo cuando el sector vitivinícola español negocia con Bruselas los nuevos techos de ayuda por reestructuración de viñedo. Nadie en el Ministerio lo reconocerá, pero el calendario no parece casual.

Si la Comisión encuentra agujeros en el sistema de control —y los va a buscar, porque lleva dos años señalando deficiencias en los informes DG AGRI—, las consecuencias son tangibles: las IG españolas compiten codo a codo con las francesas e italianas en el mercado interior, y una auditoría desfavorable podría acabar en restricciones comerciales.

las IG españolas compiten codo a codo con las francesas e italianas en el mercado interior, y una auditoría desfavorable podría acabar en restricciones comerciales.

La respuesta a la pregunta del arranque: no. Y el BOE de hoy no cambia eso.

Isabel Quesada