Reforma de controles AICA: el régimen sancionador sigue sin morder donde duele a la gran distribución

El RD 187/2026 (BOE-A-2026-5873, 13 de marzo) modifica el RD 66/2015 para actualizar el marco inspector de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Procedimiento, plazos, coordinación con comunidades autónomas. Todo bastante pulido en lo operativo —aunque habría que ver cuánto de ese pulido resiste el contacto con diecisiete administraciones autonómicas tirando cada una de su protocolo. El problema, en cualquier caso, está en otra parte.

Las sanciones de la Ley 12/2013 de cadena alimentaria no se han tocado. Su artículo 24 fija un techo de 100.000 euros para infracciones graves. Para un operador que factura 20.000 millones al año, según datos públicos de la CNMC, esa cifra equivale a una décima de céntimo por cada euro ingresado. Es decir: nada.

Para un operador que factura 20.000 millones al año, según datos públicos de la CNMC, esa cifra equivale a una décima de céntimo por cada euro ingresado.

Varias organizaciones agrarias —COAG, UPA, Asaja— llevan desde 2021 pidiendo un modelo de multas proporcionales a facturación, algo que la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales permite expresamente y que Alemania ya aplica mediante su AgrarOLkG con sanciones de hasta el 1% del volumen de negocio.

España transpuso esa directiva con el RDL 5/2020, pero eligió no tocar la escala sancionadora. Que nadie diga que no hubo ocasión.

Afinar el procedimiento inspector tiene sentido. Eso no está en cuestión. Lo que chirría es lo que viene después: un control más eficaz que desemboca en multas irrelevantes manda la peor señal posible. La Administración detecta la infracción, la documenta, la tramita, y al final del camino hay una sanción que el infractor absorbe como quien paga el parking.

[!important] Lo que chirría es lo que viene después: un control más eficaz que desemboca en multas irrelevantes manda la peor señal posible.

Hay un dato lateral que rara vez aparece en este debate y que conviene no perder de vista: la propia AICA, en sus memorias de actividad, ha reconocido que una proporción significativa de las inspecciones concluyen con algún tipo de incumplimiento. Si la tasa de infracción detectada es elevada con un aparato inspector que todo el mundo —incluido el sector— considera insuficiente, el problema de fondo no es de vigilancia, es de consecuencias.

El Ministerio de Agricultura habría tenido aquí margen para abrir el debate sobre proporcionalidad. Prefirió no hacerlo.

Laura Bernal