Reforma reglamentaria sin tocar la ley: el parche del RD 188/2026 esquiva el debate de fondo sobre las interprofesionales

Treinta y dos años lleva vigente la Ley 38/1994 reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Ningún Gobierno —da igual el color— ha querido reformarla en sede parlamentaria. O no ha podido, o no le compensaba el coste político, que en materia agroalimentaria suele ser alto y silencioso.

El BOE de hoy publica el Real Decreto 188/2026, de 11 de marzo (BOE-A-2026-5874), que modifica por cuarta vez el Reglamento aprobado por RD 705/1997. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a tirar de vía reglamentaria: retoca procedimientos, actualiza referencias a la normativa europea en vigor, ajusta requisitos formales. Lo que no hace —y a estas alturas ya parece una decisión deliberada— es tocar la arquitectura de fondo.

El modelo de representatividad, el régimen de extensión de normas a operadores no miembros y el sistema de contribuciones obligatorias siguen anclados a un texto legal anterior a la reforma de la PAC de 2003 y a la OCM única del Reglamento (UE) 1308/2013. Son los engranajes que determinan quién manda en cada cadena, quién paga y a quién se le imponen acuerdos que no ha votado. El artículo 3 de la Ley 38/1994 fija los requisitos de reconocimiento con criterios que ignoran la concentración brutal de la gran distribución y la integración vertical que hoy define las cadenas de valor.

Hay algo que conviene no perder de vista, aunque se salga un poco del perímetro de este decreto: Francia reformó su modelo interprofesional en 2014 precisamente para encajar el Reglamento 1308/2013, y el resultado ha sido una gobernanza sectorial bastante más operativa —con sus defectos, que los tiene—. Aquí seguimos con la horma de 1994.

La pregunta es más sencilla de lo que parece: ¿puede un real decreto resolver problemas estructurales de gobernanza sectorial sin tocar la ley habilitante? Un reglamento ejecutivo no puede alterar el umbral de representatividad exigido por ley ni redefinir el alcance de la extensión de norma del artículo 8 de la Ley 38/1994. Arregla el procedimiento, no el diseño.

Cuatro modificaciones reglamentarias en tres décadas y ninguna reforma legal. El sector agroalimentario español funciona con una estructura institucional de 1994 a la que se le van aflojando tornillos mediante decreto.

[!important] El sector agroalimentario español funciona con una estructura institucional de 1994 a la que se le van aflojando tornillos mediante decreto.

Hasta que un día dejan de aguantar.

Rosa Gimeno