Ayudas COVID sin auditoría pública: el precedente Lufthansa y el riesgo del papel mojado

Ryanair quiere saber si Lufthansa cumplió. La Comisión dice que no puede enseñar los papeles —o que no le conviene hacerlo, que a efectos prácticos viene a ser lo mismo—.

El 28 de octubre de 2025, Bruselas rechazó a la aerolínea irlandesa el acceso a documentos relativos al cumplimiento de los compromisos que Deutsche Lufthansa AG asumió a cambio de la ayuda estatal SA.57153 (2020/N): 6.000 millones de euros en recapitalización, cesión de hasta 24 pares de slots diarios en Fráncfort y Múnich, prohibición de dividendos, tope salarial a directivos.

Ryanair recurre esa negativa. Asunto T-881/25, registrado el 19 de diciembre de 2025 ante el Tribunal General.

Dos argumentos. El primero: aplicación incorrecta del artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1049/2001, por extensión indebida de la presunción general de confidencialidad y por ignorar el interés público superior en la transparencia.

El segundo: falta de motivación conforme al artículo 296 TFUE y vulneración de los artículos 41 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales. Dicho de otro modo: Bruselas no explicó suficientemente por qué dice que no.

Aquí viene lo llamativo. El propio Tribunal General anuló en mayo de 2023 la aprobación original de esa ayuda (asuntos acumulados T-34/21 y T-87/21) por incumplir condiciones del Marco Temporal COVID. La Comisión abrió después investigación en profundidad, que sigue abierta. Pero si el rival más directamente perjudicado no puede verificar si Lufthansa cumplió lo pactado, ¿quién va a hacerlo?

Conviene recordar, aunque sea de pasada, que los remedios basados en slots llevan décadas generando escepticismo entre los analistas de competencia aérea. La experiencia con fusiones como la de Olympic y Aegean, o con la propia operación Lufthansa-Air Berlin, sugiere que ceder slots no garantiza nada si no hay un operador dispuesto a ocuparlos en condiciones viables. Y la Comisión lo sabe, porque ella misma ha reconocido las limitaciones de este instrumento en evaluaciones posteriores.

Quizá nadie audite nada. Quizá esa sea exactamente la función que Bruselas prefiere que nadie ejerza: la de fiscalizar compromisos que, sin supervisión efectiva, acaban siendo decorativos.

Laura Bernal